Aspiración de silenciar verdades incómodas

En el editorial del diario costarricense La Nación del viernes de la semana pasada [18 de diciembre], titulado “La verdadera frontera con Nicaragua” , del cual La Prensa publicó el sábado anterior un resumen informativo, se dijo que “la frontera (de Costa Rica) con Nicaragua no está en el (río) San Juan, sino en la mentalidad autoritaria de sus gobernantes y la ausencia de frenos institucionales a los abusos de poder”. “Más clara no puede estar la frontera —comentó La Nación —. De un lado, el respeto a la libertad de expresión, y del otro, la aspiración de silenciar verdades incómodas”.

Realmente es correcto lo que dice el principal periódico costarricense. Primero porque el San Juan no es y nunca ha sido un río fronterizo. El río San Juan es únicamente nicaragüense, como se estableció en el Tratado Jerez-Cañas de 1858 y lo reafirmó la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en su sentencia del 13 de julio de 2009, sin perjuicio del derecho limitado de navegación que tiene Costa Rica sobre esa gran corriente fluvial.

Y segundo porque es evidente que hay una enorme diferencia entre el sistema de vida y gobierno de Costa Rica, que se basa en la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el imperio de la ley y la seguridad jurídica y la irrestricta libertad de prensa, y el de Nicaragua que se funda en lo contrario.

Muralla histórica. Pero más que frontera es un muro lo que separa a Costa Rica de Nicaragua, y viceversa. Se trata de una especie de muralla histórica, cultural y política, que por su significado se asemeja al oprobioso Muro de Berlín que fue derribado por el pueblo alemán en noviembre de 1989, y cuya caída se convirtió en el símbolo de la revolución democrática que puso fin a las dictaduras comunistas de Europa Oriental.

El severo comentario editorial de La Nación fue motivado por la insólita e inadmisible pretensión del embajador de Daniel Ortega en Costa Rica, de que el Gobierno costarricense censure y castigue a ese prestigioso diario por haber informado sobre algunos aspectos de su conducta que son de interés público. Y cita La Nación la respuesta que la Cancillería costarricense le dio al desubicado representante de Ortega en Costa Rica, en la parte que expresa categóricamente: “No encuentra el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ninguna prueba fehaciente de que se esté produciendo un ‘acoso’ contra esa Misión Diplomática, sino más bien un trabajo periodístico, cuya responsabilidad exclusiva es del medio de comunicación en su libre ejercicio de informar. Por lo demás, las mismas garantías contenidas en la normativa sobre libertad de expresión y de información vigentes en Costa Rica ofrecen a quien se considere afectado, exigir el derecho de respuesta y de rectificación, e incluso de acudir a los Tribunales de Justicia” .

Está muy claro. En Costa Rica funciona un Estado de Derecho, allí hay una verdadera democracia, un gobierno basado en el imperio de la ley que no va a censurar de ninguna manera a un medio de comunicación social, a diferencia de lo que ocurre en Nicaragua que es precisamente lo contrario.

Se dice que la actuación del embajador de Daniel Ortega en Costa Rica es motivo de vergüenza para todos los nicaragüenses. Pero, en realidad, aunque por las formalidades legales y diplomáticas ese señor figure como Embajador de Nicaragua, él no representa a todos los nicaragüenses, únicamente a Daniel Ortega y sus seguidores. Y no solo porque Ortega fue elegido por una minoría de 38 por ciento de los votantes y porque el Consejo Supremo Electoral ocultó el 8 por ciento de la votación total, que seguramente mandaba a una segunda vuelta que Ortega jamás habría ganado, sino porque este no gobierna ni en nombre ni para todos los nicaragüenses, solo para los miembros de su partido y sus seguidores.

De manera que lo que haga el embajador de Ortega no tiene por qué avergonzar a los nicaragüenses que no avalan, sino que más bien repudian lo que hace. Lo que sí debe ser motivo de vergüenza es que los políticos de Nicaragua llamados democráticos, estuvieron 16 años en el poder y no fueron capaces de establecer un sistema de gobierno ni siquiera parecido al de Costa Rica, y más bien facilitaron el retorno a la dictadura. Eso sí que es bochornoso.

 

* Editorial del periódico La Prensa de Nicaragua, publicado el 21 de diciembre del 2009 y reproducido por La Nación el 22 de diciembre en Opinión, página 30A